En las agendas de muchas empresas españolas figuran varios eventos importantes en términos normativos. Si aún no lo han hecho, es crucial que comiencen a planificar la implementación de estas normativas. A pesar de que algunas leyes ya han entrado en vigor, la adaptación de ciertos procesos es inminente. Nos referimos a las leyes 11/2021 y 18/2022, las cuales presentan una serie de retos y oportunidades en el contexto de la transformación digital y la facturación.

Ley Antifraude (Ley 11/2021)
Impulsada por el Ministerio de Hacienda, esta ley establece nuevos criterios en la lucha contra la elusión fiscal y modifica diversas normativas de la administración tributaria. Entre sus novedades, el Reglamento de la Ley Antifraude define una serie de requisitos que debe cumplir el software de facturación para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas. 

Además, se establecen límites más estrictos para los pagos en efectivo, hasta 1.000 euros, y se amplían las potestades de inspección de la Agencia Tributaria para reforzar su capacidad de control y sanción sobre operaciones irregulares.

Ley 18/2022 (Ley Crea y Crece)
Promulgada para fomentar la creación y crecimiento de empresas, mejorando el entorno empresarial y reduciendo trabas burocráticas, esta ley introduce varias medidas críticas:

• Adaptación a la factura electrónica: todas las transacciones comerciales (B2B) deberán generar una factura y su correspondiente anotación en el sistema informático. El software de facturación deberá guardar el registro de facturas, preservando los datos e impidiendo la alteración de dichas anotaciones para su posterior envío a la AEAT. Esta normativa entrará en vigor previsiblemente en septiembre de 2025 para las empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros y un año más tarde para aquellas con facturación inferior a esta cifra. El incumplimiento de la normativa puede resultar en sanciones de hasta 10.000 euros.

• Combate a la morosidad: las empresas deben ajustar sus procesos internos para cumplir con precisión los plazos de pago establecidos por la ley. Esta permite al órgano de contratación pública penalizar a los contratistas que no paguen a sus subcontratistas dentro de los plazos establecidos. Estas penalidades pueden llegar hasta el 5% del precio del contrato y se pueden reiterar mensualmente hasta alcanzar el 50% del precio total del contrato. Además, en contratos importantes, se puede retener la garantía definitiva hasta que se confirme el pago completo a los subcontratistas. Las empresas que no cumplan con los plazos de pago establecidos por la Ley de Morosidad no podrán acceder a subvenciones públicas ni actuar como entidades colaboradoras en su gestión. Esto incentiva a las empresas a cumplir con los plazos de pago para no perder acceso a fondos públicos, evitando sanciones y mejorando su relación con proveedores.

• Mayor transparencia y reporting: se imponen mayores requisitos de transparencia y reporting. Las sociedades cotizadas y ciertas no cotizadas deben publicar en la memoria anual y en sus páginas web información detallada sobre el periodo medio de pago a proveedores, el volumen y número de facturas pagadas dentro del plazo legal, y el porcentaje que estas representan sobre el total. Esto requiere sistemas robustos de contabilidad y auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.
  La adaptación a estas nuevas normativas presenta varios retos, incluido el incremento del riesgo de ciberataques. Las empresas deben invertir en medidas de seguridad para proteger sus datos y los de sus clientes. Además, es necesario capacitar a los empleados en el uso de nuevas herramientas digitales de facturación y gestión, lo que puede suponer un coste inicial significativo, especialmente para las pymes.

En apoyo a las empresas, el Gobierno de España ha puesto a disposición, con Fondos Europeos, ayudas para la digitalización a través de los Programas Kit Digital y Kit Consulting. Estos programas permiten a las pymes diseñar una hoja de ruta para su transformación digital mediante distintas soluciones y bonos de asesoramiento digital con cuantías que oscilan entre 3.000 y 24.000 euros para empresas de entre 10 y hasta 250 empleados.

Nos encontramos ante un momento crítico para abordar un enfoque integral de digitalización y elevar a nuestras empresas a nuevos niveles de acceso a la información y productividad. En la era digital, la clave de la supervivencia de las empresas está en la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, invertir en tecnología y formación, y mantener un enfoque proactivo en el cumplimiento normativo y la innovación continua.